Después de un mes de dictado el decreto municipal disponiendo la intervención del contrato de concesión energética del cual es concesionaria la Cooperativa Eléctrica de Zarate (CEZ), los interventores designados afirman que aún no tuvieron respuesta a una larga lista de peticiones presentadas ante el ente cooperativo.
En el día de ayer, uno de los interventores, el abogado Jorge González Novillo, explicó a LA VOZ en qué instancia está la ejecución del decreto municipal para obtener la información requerida por el Municipio como poder concedente de acuerdo al contrato, y cuál ha sido hasta ahora la actitud del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica que no sólo no responde el pedido de informe sino que ha iniciado acciones administrativas y legales impugnado el decreto municipal dictado por el intendente Osvaldo Cáffaro.
González Novillo señaló que los interventores designados se reúnen en forma permanente y que se han presentado ante las autoridades cooperativas para requerir informes, recordando que el contrato de concesión del servicio eléctrico tiene una vigencia de 15 años y que vence en el próximo mes de octubre. El interventor enfatizó en que es “facultad de Departamento Ejecutivo requerir la información para controlar la calidad del servicio eléctrico de acuerdo a lo dispuesto en el contrato de concesión, como también es un derecho del intendente, ante el vencimiento próximo de la concesión, que se le brinden los informes requeridos para verificar la calidad de la prestación para tomar una decisión posterior”.
González Novillo reveló además que junto a los interventores del municipio, Pablo Giménez y Alan Fortune, fueron recibidos por el titular del Consejo de Administración de la CEZ, José Luis Mangini y el contador Osmar López. Ante un escribano público que labró un acta de la reunión donde constan los requerimientos de la intervención. Hasta el momento, no han recibido ninguna respuesta informativa, señaló González Novillo, pero en contraposición la CEZ presentó un Recurso de Reconsideración en la sede municipal y otro recurso judicial, una medida cautelar anticipada ante el Juzgado Contencioso-Administrativo del Departamento Judicial Zarate-Campana, con sede en esa ultima ciudad.
Según el interventor, la CEZ argumenta que el ejecutivo carece de facultades de intervención, que sólo es facultativa del OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia). “Esto no es correcto, dijo González Novillo, ya que el municipio como poder concedente y según lo estipula el contrato, tiene atribuciones propias para solicitar y que se le brinde la información requerida velando por el buen servicio de que deben ser beneficiarios los usuarios”.
Si bien le llama la atención la conducta reticente de la CEZ de brindar información, lo que se señala como una obligación, González Novillo manifestó que continuarán insistiendo para que se informe sobre libros contables, legales, registros de asociados, y declaraciones juradas, entre otros temas fundamentales. “Siempre teniendo en miras la calidad y eficacia del servicio eléctrico que, por supuesto, no es una cuestión menor que afecta también los derechos del consumidor”, concluyó González Novillo ayer en diálogo con este medio.
Posición de Cooperativa
Cabe recordar que el presidente de la CEZ, José Luis Mangini, ya le había anticipado a LA VOZ que el anuncio del intendente Osvaldo Cáffaro de intervención administrativa y contable del contrato de concesión del servicio eléctrico buscó generar impacto mediático “para esconder la verdadera cuestión que es la deuda que tiene el Municipio con la CEZ”, que según la prestadora es de 40 millones de pesos.
Mangini señaló en primer término que la palabra “intervención” es inexacta ya que solamente puede intervenir el INAES.
Por otro lado, remarcó que como ya lo informó el OCEBA, el Municipio no tiene facultades para controlar la calidad del sistema eléctrico, solo las tiene la Nación o la provincia.
Mangini remarcó cuando se conoció la medida que el anuncio no tiene ninguna posibilidad de prosperar, que solo se busca tapar la verdad de la deuda municipal con la CEZ y una denuncia penal hecha sobre las sociedades que actúa como contratistas municipales.
