Los concejales Leonardo Lignazzi y Facundo Ocampo elaboraron un proyecto de Ordenanza para crear la “Oficina Municipal de Ética Pública y Anticorrupción”; con el fin de establecer un ámbito de garantía y aplicación de los controles correspondientes al ejercicio de los funcionarios y agentes y/o empleados públicos del Estado Municipal del Partido de Zárate.
“Esto surge ante la necesidad de establecer un mecanismo concreto de aplicación y control del correcto comportamiento de los funcionarios públicos para la promoción de los valores éticos y legales del ejercicio de la función pública en el ámbito municipal de la ciudad de Zárate”, expresó el edil Facundo Ocampo.
“La Argentina cuenta, además, con la Ley Nacional N° 25.188 de Ética de la Función Pública que establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado. Y la Ley Orgánica de las Municipalidades establece la responsabilidad de los funcionarios municipales por los actos que autoricen, ejecuten o dejen de ejecutar excediéndose en el uso de sus facultades o infringiendo los deberes que les conciernen en razón de sus cargos, y menciona la responsabilidad política, civil, penal y administrativa (Art. 241 y 242). Si bien la Ley 11.757 del Estatuto para el Personal Municipal establecen como deberes de los empleados públicos, enunciaciones referidas a buen desempeño, conducta decorosa y diligente, y al buen trato entre otros; es imprescindible que el Gobierno Municipal asuma un fuerte compromiso en combatir la corrupción y refuerce la necesidad y obligatoriedad de desempeñarse siguiendo los valores y principios sobre ética pública”, expresó el edil del Movimiento Laborista.
Por todo esto piden la creación de esta oficina que tendrá como objetivo promover, velar, ponderar y garantizar el comportamiento de los funcionarios públicos de acuerdo a su responsabilidad política y valores, pautas, derechos y deberes de la Ética Publica competente a sus funciones públicas a través de controles, recepción de denuncias y aplicación de investigaciones y sanciones en caso de corresponder. “La mencionada Oficina tendrá actuación independiente, autárquica y descentralizada respecto al Poder Municipal que debe controlar y su presupuesto será fijado y aprobado por el Honorable Concejo Deliberante. Además, estará a cargo de un Director y funcionará con personal necesario en función a los requerimientos administrativos de la misma. El Director deberá seleccionarse mediante el sistema de concurso público y por puntaje garantizando un procedimiento público, participativo y por el plazo de duración en la función que será de 4 (cuatro) años”, establece el proyecto de Ordenanza.
Por su parte, el Ejecutivo municipal deberá establecer los mecanismos necesarios para facilitar la información y/o documentación requerida por el Director de la Oficina a los fines de la presente Ordenanza y también será el Ejecutivo quien, a través de la secretaría que corresponda, deberá crear una partida en el presupuesto municipal para su creación.
