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  • Estudian expropiar terrenos ociosos para viviendas

    14/11/2015

    A poco menos de alcanzar dos años de su reglamentación, y tres de su aprobación, la Ley 14.449, de “Acceso Justo al Hábitat” continúa generando polémicas en muchas intendencias de la provincia de Buenos Aires.
    Esta normativa, que presenta entre sus principios rectores “la función social de la propiedad” y “el derecho a la ciudad”, avanza aún muy tímidamente en territorio bonaerense. De hecho los únicos que hablaron sobre esta ley durante la campaña local para la intendencia fueron los candidatos diputados provinciales, Marcelo Torres (FpV) y Sandra Paris (Cambiemos).
    De acuerdo a un estudio del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2010 había más de 850 mil hogares con problemas habitacionales en el territorio bonaerense. A la par de esto, se demostraba que la población creció en dos millones entre 2001 y 2010, “por lo tanto hace falta tierra para construir nuevas viviendas y el Estado no cuenta con herramientas suficientes para generar oferta de suelo urbanizado donde construirlas, pero tampoco para mejorar las viviendas existentes”, confirmó Ana Pastor, una especialista en el tema y directora de la ONG Madre Tierra. Y ésta es la razón principal del déficit; el incremento en los precios del mercado inmobiliario, los cuales en un periodo de crecimiento económico perjudica no sólo a los sectores bajos sino también a los sectores medios.
    Volviendo a la Ley, precisamente la normativa persigue el objetivo de regularizar los barrios informales, dar respuesta a la demanda urbano habitacional y reducir la especulación que existe en el valor del suelo. Algo que en Zárate es muy evidente en materia inmobiliaria. Y los principales instrumentos legales y fiscales que genera son; la creación de un Programa de Lotes con Servicios; un programa de Microcrédito para reforma, ampliación y mejora de viviendas y la creación de la figura del Consorcio Urbanístico para producir loteos en conjunto con privados. Cabe recordar que hoy el Estado tiene prohibido invertir en terrenos privados.
    Respecto a Zárate, el intendente Osvaldo Cáffaro anunció, sin citar a esta ley, que en su próxima gestión, que comienza el 10 de diciembre, iba a enviar al Concejo Deliberante un proyecto para expropiar terrenos. “Creemos que en el acceso al hábitat y a la vivienda es clave el asociativismo, por lo tanto acompañaremos la formación de nuevas cooperativas y asociaciones para la vivienda. También crearemos 3 mil lotes con servicios en 4 años. Porque de 6 mil familias que tenemos en el registro hemos podido dar respuesta a 500 para soluciones habitacionales o lotes con servicios. Tendremos una política más agresiva en este sentido y para ello le pediré al Concejo Deliberante dos herramientas, la posibilidad de expropiar predios que estén en el área suburbana de la ciudad que han especulado tantos años con la tierra; no digo para rematárselas sino para pagárselas a un precio justo y no que cuando aparece el Estado municipal, el privado pide 100 pesos cuando pedía, por valores de mercado, 10. Por este motivo no pudimos comprar tierras. Y la otra de las herramientas que pediré al Concejo Deliberante es transformar al área de Hábitat en un consorcio, una SAPEM, una sociedad mixta o en un órgano descentralizado para hacerlo más ágil”, fueron las palabras del intendente días antes de las elecciones, consultado en exclusiva por este medio sobre su política habitacional a futuro. Hoy en día este proyecto, amparado en la ley 14.449 está siendo estudiando de forma detallada por el propio Ejecutivo municipal.

    LA LEY QUE LO PERMITE

    A pesar de que más de la mitad de sus artículos no fueron reglamentados, lo que dificulta su implementación, la norma es ley, y sus principios y objetivos son ineludibles. Entre las principales herramientas de participación, evaluación y debate de las políticas públicas se destacan las siguientes: promoción de los procesos de organización colectiva y autogestión del hábitat (no reglamentado); creación del Registro Provincial de Villas y Asentamiento Precarios (reglamentado y en proceso); la posibilidad de habilitar espacios de participación individual y colectivos en las mesas de gestión para la urbanización de villas y asentamientos, como también instrumentos de debate público (por ejemplo audiencias y consultas públicas) y garantiza el acceso a la información (artículos parcialmente reglamentados). La creación del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat como órgano de asesoramiento y consulta de políticas públicas en la materia. Entre sus representantes incorpora a organizaciones populares. Los artículos vinculados al Consejo no han sido reglamentados, sin embargo su funcionamiento ya ha comenzado. Para completar el paquete de herramientas planteadas en la ley, se establecen una serie de mecanismos de financiamiento estatal y de castigo a la especulación. Es decir, la ley no sólo democratiza la construcción de políticas públicas en materia urbana, sino que brinda instrumentos para disputar la plusvalía urbana, elemento movilizador de toda la dinámica excluyente. Luego está el artículo 64 de la ley, donde establece que los municipios serán los encargados de definir qué lotes son ociosos en función de expropiar terrenos luego. Según lo que marca la ley, primero cada Concejo Deliberante establecerá la necesidad de expropiar el lote invocando el concepto de “utilidad pública” y, finalmente, se necesitará la aprobación de la Legislatura provincial cada caso en particular y teniendo en cuenta que se debe establecer la necesidad de bien público.

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