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  • La CEZ deberá facturar esta semana sin un nuevo cuadro tarifario

    22/2/2016

    Mientras la negociación con los docentes ocupó toda la agenda pública del gobierno provincial y de los medios bonaerenses, sigue latente el aumento de las tarifas de la energía eléctrica anunciado por la gobernadora María Eugenia Vidal. Lo que todavía no trascendió es el porcentaje de aumento y, en definitiva, el cuadro tarifario que determinará en pesos cuánto deberá pagar el usuario. Trascendidos ubican al aumento entre un 51% y un 110%. O sea, y como ejemplo, cada $100 que se pagan de energía, se pueden llegar a abonar entre $51 o $110 de impuestos según lo calculado por el titular de la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara de Senadores de la Provincia, Hernán Albisu.
    Por otro lado, algo a tener en cuenta es que Cooperativa Eléctrica, a nivel local, comienza a medir y facturar esta semana y por lo menos hasta el viernes pasado no había llegado ningún cuadro tarifario para elevar el costo de la energía. Por lo tanto hoy sigue siendo todo una gran incertidumbre como hace veinte días.
    Cabe recordar que el Gobierno nacional determinó un nuevo valor para la generación de electricidad justificándose en un desfasaje de costos. Este aumento comenzó a regir para Capital Federal y Gran Buenos Aires a partir de enero y lo mismo iba a suceder en el interior de la provincia de Buenos Aires a partir de febrero. Sin embargo los días pasaron y está por pasar febrero y no hay información oficial. Aunque desde la propia gobernación anunciaron que están trabajando en un nuevo cuadro tarifario.
    Lo que tarda en definirse es, en definitiva, el impacto y la modalidad que tendrá el aumento de la tarifa de luz, dado que por el momento se prevén premios a quienes ahorren por consumo y en materia de tarifas sociales. Los vecinos que percibirán estos aumentos serán los usuarios de Edelap (La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen y Magdalena), las distribuidoras Eden, Edea y Edesa y las cooperativas eléctricas del interior bonaerense, donde se encuentra la Cooperativa Eléctrica de Zárate.

    El massismo en contra
    El titular de la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara de Senadores de la Provincia, Hernán Albisu (Frente Renovador), le pidió a la mandatario bonaerense María Eugenia Vidal que reduzca el impacto del aumento de las tarifas de la luz a través de la eliminación de impuestos provinciales sobre las boletas. El legislador explicó, mediante un comunicado, que el gobierno “tranquilamente puede eliminar algunos tributos vinculados al sector, e impulsar con mayor fuerza la tarifa de interés social, ya que los usuarios residenciales del servicio de energía eléctrica ven gravados sus consumos con más de un 30% de impuestos provinciales en promedio, con sectores aún con mayor carga”.
    Además, agregó que “la política del último gobierno ha sido desastrosa en materia tarifaria, ya que por años subsidio el consumo en la Ciudad de Buenos Aires en detrimento del interior, y por eso ahora sería deseable que esta nueva administración, al menos en la provincia, no le haga pagar la carga nuevamente a los mismos sectores”.

    Impuesto para Santa Cruz
    Lo planteado por Albisu es lógico teniendo en cuenta, y tal como lo publicó la propia Cooperativa Eléctrica, el 52% del precio final de la energía en la provincia son impuestos que muchas veces el vecino desconoce de qué se tratan.
    Uno de ellos, precisamente, es uno que privilegia a la provincia de Santa Cruz. El primero de marzo de 2014, cuando abrió las sesiones ordinarias del Congreso, Cristina Kirchner prometió derogar la Ley 23.681, que desde julio de 1989, obliga a las empresas de electricidad a cobrar un “recargo sobre el precio de venta de la electricidad del 0,6% de las tarifas vigentes en cada período y en cada zona del país aplicadas a los consumidores finales” hasta que “la provincia de Santa Cruz sea conectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN)”. Sin embargo la propia presidenta inauguró en septiembre de 2013 las obras-que costaron $ 5.225 millones- a través de las cuales Río Gallegos se incorporó al sistema. Y en febrero de 2014 hizo lo propio en Calafate. Sin embargo, y nadie puede explicar por qué, este impuesto sigue cobrándose a todos los usuarios. En la factura de la energía de la CEZ figura con la Ley 23.681 y cada usuario abona un porcentaje que ronda $1,20 en concepto de un fondo eléctrico destinado a Santa Cruz. En el año 2013 se recaudaron cerca de 203 millones de pesos por este impuesto y respecto a una obra ya inaugurada y terminada.

    El HCD aún no integró la comisión que controlará el servicio eléctrico

    Tras el último corte de luz que dejó a todo el sur de la ciudad sin energía eléctrica vuelve a ponerse en tela de juicio el servicio y el rol del Municipio en función de controlarlo como poder concedente.
    También cabría preguntarse qué posición toman los concejales dado que está vigente una ordenanza por la cual se creó la Comisión de Control del Servicio Eléctrico Municipal (COCSEM). Se trata de una comisión investigadora compuesta por ediles de diferentes partidos para confirmar lo denunciado por delegados municipales contra la Cooperativa Eléctrica por el organismo de control. Dicha comisión tendrá un año de plazo a fin de realizar un “exhaustivo análisis” de los informes del OCEBA elevados por el Ejecutivo municipal y desarrollar “un permanente seguimiento y control de la ejecución del contrato de la prestación del servicio eléctrico en el partido de Zárate”.
    Pasó todo el 2015 y no sucedió nada. Esta comisión debe integrarse por siete concejales; cuatro del bloque oficialista de Nuevo Zárate y otros tres de la oposición. Además, se sumarían los delegados representantes del Municipio ante la CEZ.

    La ordenanza
    Mediante este documento, que lleva el número 4332, faculta a los integrantes de la COCSEM a solicitar la asistencia técnica de expertos, en cuanto a la faz técnica, contable y legal de todo lo relacionado con lo denunciado en la auditoría del OCEBA.
    Entre las presuntas irregularidades de la CEZ se mencionaba la falta de documentación e información requerida; “inconsistencias” en la estructura de compra y venta de energía; la falta de pago del 6% de todo lo facturado que la CEZ debe abonarle al Ejecutivo municipal por los “servicios de peaje eléctrico”, es decir por la utilización de las líneas eléctricas; una tendencia creciente de las pérdidas de energía; varios problemas relacionados con el medio ambiente y la seguridad y la presunta carencia de un plan de prevención y de contingencia ante cualquier daño en materia medioambiental. Como corolario del informe, el OCEBA evalúa un “evidente desmejoramiento progresivo de los índices de solvencia de la prestadora, acompañado por un aumento progresivo de los índices de endeudamiento y que la situación económica- financiera de la prestadora, no parece corresponderse con el volumen del negocio favorable que posee”.

    La sede administrativa de la Cooperativa Eléctrica en Bolívar y Andrade.

    La sede administrativa de la Cooperativa Eléctrica en Bolívar y Andrade.