Trascendió ayer en un medio periodístico capitalino, que el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de Campana, Alberto Armesto, quedó procesado junto a otros funcionarios y empleados por un desfalco en la administración que abarca casi 100 casos por un monto de 16,9 millones de pesos.
La denuncia fue realizada en 2010 por uno de los apoderados legales de ANSES, quien denunció una asociación conformada por funcionarios y empleados de ANSES, abogados y futuros beneficiarios relacionados al trámite de expedientes jubilatorios, con el objeto de perjudicar patrimonialmente al organismo y en consecuencia defraudar económicamente al organismo. Alberto Armesto, titular de la UDAI Campana, está en el cargo desde el año 2009, cuando fue designado por Amado Boudou.
En la presentación judicial se puso en conocimiento sobre diversas irregularidades detectadas en ANSES, en los trámites de al menos 99 expedientes administrativos relacionados con la liquidación del “Suplemento Régimen para Investigadores Científicos y Tecnológicos”. Este régimen es exclusivo para trabajadores profesionales universitarios de escalafón “A”. Según se señaló en la mayoría de los casos se incumplieron pasos y procedimientos legales y muchos de los beneficiarios no eran investigadores, científicos, ni poseían título universitario. Fueron trabajadores que se desempeñaron en las centrales de Atucha I, Embalse y en la empresa Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), la cual nunca se dedicó a hacer investigaciones científicas, según consta en la causa que lleva adelante el juez Adrián González Charvay, del Juzgado Federal de Campana.
Mozos, mucamas, telefonistas, ayudantes, operarios, choferes, inspectores, administrativos, electricistas, auxiliares y mecánicos. Estas son algunas de las profesiones que cumplieron los 99 beneficiarios que, representados por tres abogados que hoy están procesados en la causa, iniciaron trámites jubilatorios especiales en la sucursal Campana de ANSES, los cuales tuvieron un trámite preferencial y por el cual se defraudó al Estado en casi 17 millones de pesos.
La causa fue elevada a juicio el pasado 27 de abril. Ahora, mediante el Sistema de Gestión Integral de Expedientes Judiciales, se deberá realizar el sorteo correspondiente para conocer qué Tribunal Oral deberá intervenir en la próxima etapa de este juicio.
