“Yo siempre pagos los impuestos, estoy al día, pero soy jubilada y no puedo pagar 3500 pesos de gas cuando pagaba 300 pesos por el mismo consumo”, dijo una vecina jubilada en la cola del gas. “No sé qué vino en la boleta, porque juro que no prendí ni una hornalla más que meses anteriores. Soy sola y sé lo que consumo y también sé hasta dónde puedo pagar. Es algo inaudito lo que hicieron y la verdad es que no lo puedo pagar; tengo una amargura encima”, agregó la vecina. Y su sensación es la misma de todos los usuarios que ayer hicieron una larga cola en la oficina local del gas para reclamar y luego tratar de que le brinden una explicación. No consiguieron ninguna de las dos, solamente respiraron aliviados cuando llegaron a sus viviendas y se informaron por los medios de comunicación el fallo de alcance nacional contra el “tarifazo” del gas.
Suspenden los aumentos
A raíz de una demanda presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) contra las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, el tribunal resolvió “declarar la nulidad de las Resoluciones 28 y 31”; es decir a declarar nulos los aumentos.
Además el fallo de la Cámara Federal no se limita, como otros, a los límites de una provincia o municipio sino que tiene alcance para los usuarios de gas de todo el país.
La demanda del CEPIS y la ONG Consumidores Argentinos plantean la inconstitucionalidad del aumento, aduciendo que el Estado nacional no realizó la audiencia pública que contempla la ley antes de la aplicación del nuevo cuadro tarifario y consideraron que “se violó el derecho constitucional a la participación ciudadana”.
Por su parte, el Estado advirtió que la suspensión del aumento “en caso de aplicarse, causaría un gravamen irreparable” a las empresas que brindan el servicio, y defendieron la legalidad del ajuste aunque no se haya realizado la audiencia pública previa.
Sin embargo, los jueces César Álvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiffrin, consideraron “que la Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana, que refuerza los principios de acceso a la información y a la transparencia de las actuaciones estatales”. Asimismo precisaron que “no es el Poder Judicial el encargado de definir la política estatal, ni los parámetros tarifarios de la prestación de servicios públicos, pero tampoco puede aceptarse que el reconocimiento normativo de derechos por órganos representativos de la voluntad popular, queden sin tutela efectiva, allí donde se constata su vulneración”.
