Con el apoyo de la mayoría del Frente Renovador que orienta Sergio Massa y del Bloque Justicialista que conducen los diputados Diego Bossio y el dirigente de SMATA, Oscar Romero, el proyecto de reforma de la ley de riesgos del trabajo, impulsado por el gobierno de Macri, obtuvo dictamen favorable del plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto.
El punto central del proyecto es la obligatoriedad de la vía administrativa como paso previo a la instancia judicial. En concreto, un trabajador que sufre un accidente laboral debe recurrir en primer lugar a la comisión médica de su jurisdicción, encargada de verificar su estado de salud y el nivel de invalidez. Hasta ahora el trabajador podía recurrir directamente a la Justicia.
El Frente para la Victoria no solo no convalidó el proyecto oficial sino que produjo su propio despacho, que establece que las actuaciones de las comisiones médicas jurisdiccionales son una instancia previa optativa, es decir no obligatoria, para el trabajador.
En su artículo primero establece: “Dispónese que la actuaciones de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias o las que establezca cada provincia en ejercicio de sus facultades no delegadas a la Nación, constituirá una instancia previa optativa para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, médico y asistencia sindical, solicite el otorgamiento de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo”, y agrega más adelante: “Los honorarios profesionales que correspondan por patrocinio letrado y médico, y demás gastos en que incurra el trabajador a consecuencia de su participación ante las comisiones médicas estarán a cargo de la respectiva aseguradora de riesgos del trabajo (A.R.T.)”.
En sus argumentaciones los legisladores del FPV, resaltaron que el proyecto del gobierno no cuenta con acciones de prevención de los accidentes, razón principal del problema y que de hecho genera un estado de desigualdad ante la ley. Coincidieron en destacar que un sistema de cobertura de riesgos del trabajo debe contar con etapas de prevención, prestación, reparación y reinserción laboral, mientras el proyecto oficialista sólo aborda la reparación y lo hace “en forma menguada y perjudicial para los derechos de los trabajadores”, incumpliendo convenios internacionales. A tal punto es así que la Organización Internacional del Trabajo reconoce prácticamente el doble de enfermedades profesionales que la legislación argentina.
“El objetivo del proyecto oficial no es proteger al trabajador sino bajar el costo laboral”, sostuvo el legislador y experto en temas laborales, Héctor Recalde.
Por su parte el diputado nacional y dirigente gremial, Abel Furlán, expresó: Los trabajadores nunca tuvimos participación en las comisiones médicas. Lo concreto es que éstas representan, en el presente, los intereses de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo o de las patronales”
Las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo declararon en 2015 ganancias por 3 mil millones de pesos, lo que invalida el argumento de Cambiemos en el sentido que actualmente existe el peligro de desfinanciación del sistema.
