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  • El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial busca frenar la instalación de cabinas de peaje en Ruta 6

    5/6/2017

    El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) se reunió con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino Matta, para interponer una acción de amparo contra la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de instalar tres cabinas de peaje en este importante corredor vial.
    Lorenzino coincidió en el argumento presentado por los usuarios al reconocer que “se vulneran los intereses económicos de los vecinos”. Y es por ello que presentó una demanda ante la Justicia para que se suspenda el cobro de peajes en la Ruta 6.
    El organismo reconoció que ese trazado concesionado por Aubasa fue financiado con los impuestos de los bonaerenses, por lo que un peaje sería una doble imposición.
    De igual manera, el Defensor del Pueblo bonaerense planteó que de esta forma el Estado provincial cobraría un servicio que en concreto no existe.
    Además el reclamo de los usuarios puso el foco en el pésimo estado de la ruta que, a lo largo de 180 kilómetros, presenta múltiples roturas que dificultan la circulación y que ponen en riesgo a los ciudadanos.
    Uno de los tramos más rotos está en inmediaciones a General Rodríguez y en los alrededores de Luján, en una zona que hoy se encuentra en reparación aunque avanza a ritmo muy lento.
    “No puede ser que la única decisión que toma Aubasa sea castigar al bolsillo de la gente, en una época en la que hay aumentos de todos los servicios”, reclamó el defensor, y agregó que “es necesario llegar a soluciones que beneficien a todos”, sostuvo Lorenzino.
    Por su parte, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) presentó un documento en el que expone lo siguiente; “¿Cómo es posible que la empresa estatal AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.) se haga cargo, sin invertir un solo peso, del mantenimiento de la Ruta Provincial N° 6 ya construida y reconstruida con nuestros impuestos, limitándose a cobrar un “falso peaje” o impuesto al tránsito y la circulación, únicamente para solventar las onerosas instalaciones de las tres estaciones de peaje que se están construyendo y el enorme costo operativo de las mismas?”, reclamaron desde la entidad.
    “De no frenar en forma definitiva la nefasta decisión del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires se generarán serios perjuicios sociales y económicos, y un considerable aumento en el costo de transporte; afectando no sólo a los usuarios viales sino también a toda la sociedad en su conjunto y fundamentalmente a las distintas localidades servidas por el corredor vial en cuestión. La concesión vial a través del sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta, y para colmo, solo para mantenimiento, es claramente inconstitucional por tratarse de un corredor vial existente pagado con creces por nuestros impuestos y sin caminos alternativos libres de pago; antieconómica e inviable desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte, por el bajo caudal de tránsito, e injusta por ser una ruta “abierta” donde unos pagarán y otros no, según el recorrido que se realice dentro del corredor mencionado”, agrega la entidad reclamante.
    En definitiva, el CONADUV propone; rechazar, total y enfáticamente, por inviable, antieconómica, inconstitucional, e injusta, la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de insistir con un régimen perverso de “falso peaje” o impuesto al tránsito y la circulación, en caminos de dominio público ya existentes, previamente pagados con creces por los usuarios viales, y sin alternativas libres de pago; que el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en rutas nacionales y provinciales ya existentes ha sido y sigue siendo un fracaso y una verdadera estafa a los usuarios viales y que de prosperar la decisión del Gobierno Provincial, sólo se logrará favorecer los intereses de la empresa concesionaria Autopistas de Buenos Aires S. A. (AUBASA), generando serios perjuicios sociales y económicos, incrementando el costo de transporte, y siendo en definitiva, una nueva afrenta al interés de la sociedad en su conjunto.

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