El actual senador bonaerense de Juntos por el Cambio y ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, presentó un proyecto para que la legislatura provincial apruebe la creación de una policía municipal; un cuerpo que ya existe en el partido de San Miguel y que esperan replicar en los 135 distritos de la provincia.
Según De la Torre, la ley busca “establecer la composición, funciones, organización, dirección y coordinación de la Policía Municipal de la provincia de Buenos Aires”, que “será una institución civil armada, jerarquizada y de carácter profesional“, dependiente “funcionalmente, administrativamente, financieramente y orgánicamente del intendente del municipio correspondiente”.
Según el proyecto del ex intendente de San Miguel, los intendentes elegirán al jefe de la fuerza municipal, mientras que los salarios de los efectivos los pagarán, por mitades, los municipios y el Ministerio de Seguridad bonaerense.
La iniciativa establece que se abonará “un salario mínimo de la Policía Bonaerense por agente de la Policía Municipal” y que la cantidad de efectivos no podrá superar “el 50% de la dotación de la correspondiente Policía Distrital de la Provincia de Buenos Aires”.
Los municipios tendrían a cargo, entre otros puntos, la formación y capacitación de los agentes, a través de la creación de escuelas municipales de policía.
También se indica que la policía municipal podrá “recurrir al uso de armas de fuego exclusivamente en caso de legítima defensa, propia o de terceros, o en estado de necesidad, debiendo actuar procurando reducir al mínimo la ocurrencia de daños y lesiones”, según los anexos de la iniciativa que De la Torre busca debatir en la Legislatura bonaerense.
LAS POLICIAS LOCALES
Esta fuerza nació hace casi siete años a raíz de una necesidad política para calmar el reclamo de los intendentes bonaerenses que, para afrontar las exigencias de seguridad por parte de los vecinos, pedían la creación de una policía municipal. Sin embargo, en los hechos, la Policía Local nunca funcionó como una fuerza de seguridad municipal. En la práctica, los intendentes nunca tuvieron su policía.
Surgida en 2014, durante la gestión de Daniel Scioli como gobernador y Alejandro Granados como ministro de Seguridad bonaerense, la creación de la Policía Local constituyó la puerta de ingreso de más de 35.000 efectivos. Así, entre 2014 y fines de 2015, la fuerza de seguridad provincial pasó de 54.000 uniformados a casi 90.000.
Pero esos policías, que se diferenciaban de los efectivos de la fuerza de seguridad provincial por el uniforme azul claro, color por el que fueron conocidos en las calles como “los pitufos”, nunca fueron una policía municipal o “agentes de proximidad” o “policías caminantes”, como era el slogan.
Con una preparación de seis meses, bastante menor a la que recibía un efectivo de la fuerza de seguridad provincial, los agentes de la Policía Local comenzaron a recorrer las zonas céntricas de los municipios del Conurbano y también de Zárate.
Cabe señalar que los sueldos de los integrantes de la Policía Local siempre fueron pagados por el gobierno provincial y el municipio pagaba el alquiler de su destacamento y parte del gasto del combustible de los patrulleros. Por lo tanto, en aquel entonces Zárate tenía Policía Bonaerense, Policía Distrital, Policía Local, Comando Patrulla y agentes municipales de Prevención Urbana; además de las fuerzas federales con asiento en el distrito como Prefectura Naval y Gendarmería.
En 2018, durante la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora y Cristian Ritondo como ministro de Seguridad, los efectivos de la Policía Local dejaron de usar ese llamativo uniforme, comenzaron a utilizar la misma vestimenta de la policía bonaerense y fueron reasignados a los comandos de patrullas y a las comisarías.
Finalmente, y desde la asunción de Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad provincial, desapareció la denominada superintendencia de Policía Local.
Los vaivenes en las políticas de seguridad fueron deteriorando institucionalmente a las unidades policiales de prevención y represión del delito en la ciudad y en toda la provincia dado que no hay un plan sino criterios diversos atados a la dimensión política. Esto fue criticado por el propio intendente local que también reclamó por las millonarias cifras que los municipios invierten en seguridad cuando se trata de una potestad del propio Estado bonaerense. En este sentido la inversión del municipio no sólo tiene que ver con la tasa de Prevención Urbana que sostiene a la Dirección de Prevención Urbana y a la sala de monitoreo, sino también a los millonarios gastos en sostener la logística y cuestiones operativas de la propia fuerza policial bonaerense.
