Las modificaciones introducidas en la nueva “ley ómnibus” establecen un cambio fundamental en materia de empresas públicas. Finalmente, la compañía Nucleoeléctrica S.A., que es la que opera las tres centrales nucleares que hay en Argentina, deberá seguir bajo control estatal. En el proyecto inicial de Javier Milei, era una de las 41 que estaba como “sujeta a privatización”, lo cual había generado cuestionamientos de legisladores tanto de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria.
A raíz de ello es que se introdujo una modificación en la llamada “ley ómnibus”. En el capítulo sobre privatización, está la información que define que Nucleoeléctrica S.A. seguirá siendo operada por el Estado.
Como ya se mencionó públicamente, se eliminó a YPF del listado y para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa. Además, se incorporó expresamente, la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones de la Ley N 23.696 para el seguimiento de los trámites respectivos.
De esta manera, sólo se habilitará una “privatización parcial” de la compañía. Actualmente, el capital accionario de Nucleoeléctrica se encuentra distribuido en 79% el Ministerio de Economía, 20% la Comisión nacional de energía atómica y 1% Energía Argentina.
La importancia de la empresa radica en que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, lo que representa el 7% del total de la matriz eléctrica de Argentina. Además, entre sus desarrollos tecnológicos, Nucleoeléctrica es contratista de CNEA en la construcción del proyecto CAREM, que funcionará como una “mini central nuclear”. El reactor tiene una tecnología que solo realizan 3 países y que podría exportarse por cifras millonarias, en un contexto donde la transición energética favorece a la energía nuclear, que no genera dióxido de carbono.
TRABAJADORES EN ALERTA
“No somos una fábrica de galletitas”, reclamó el secretario gremial de Luz y Fuerza- Paraná, Carlos Velo.
En estos términos, alertó sobre el impacto de privatizar Nucleoeléctrica. Preocupado, advirtió sobre la pérdida de soberanía energética que implicaría rifar la compañía y explicó el rol estratégico.
“Hay un preconcepto que lo evidencia el gobierno y parte de la sociedad en donde dicen que las empresas públicas dan perdida. En este caso, Nucleoeléctrica Argentina no tiene ese problema: para la operatividad se sustenta de sus propios ingresos y no requiere de fondos nacionales”, siguió. “Nos llamó poderosamente la atención porque Nucleoeléctrica ya es una sociedad anónima si bien su patrimonio es totalmente del Estado, pero su funcionamiento es de una sociedad anónima”, sostuvo. “¿Cuál es la razón? Quizás haya personas que quieran hacer negocios con ese superávit. A nosotros como trabajadores nos preocupa porque el privado siempre va a garantizar los ingresos o las ganancias, por sobre la calidad de servicio, el desarrollo tecnológico, por sobre el desarrollo del capital humano que tiene dentro de la empresa e incluso el desarrollo de aquellos estudios de medicina nuclear, lo que hace a un Estado, a un país”, remarcó.
“Lo primero que hicimos es ponernos a disposición de todos los bloques para explicar esto y también para escuchar cuáles son las razones, En las reuniones que hemos tenido hasta el momento no hemos tenido respuestas. Esto no es una fábrica de galletitas, no puede venir a gestionarlo cualquiera”, sentenció.
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