Este año se realizaron dos audiencias públicas en el Concejo Deliberante como instancias de escucha y de mediación entre vecinos y empresas para evitar posibles conflictos futuros.
Por un lado, el municipio convalidó el emplazamiento del barrio cerrado Estancia Smithfield que desde el año 2008 de su creación fue poblándose frente a empresas que habían impugnado en la justicia su instalación. Las multinacionales cuestionaron ante la justicia y mediante una denuncia, que el barrio no contaba con estudios de impacto ambiental.
Pampa Energía explica que cuenta con un permiso para desarrollar sus actividades industriales allí y que cualquier consecuencia de su producción que podría afectar directa o indirectamente a los vecinos del country corre por cuenta de los propietarios. En otras palabras, si el barrio se conformó al lado de dos empresas que ya estaban radicadas y autorizadas por el municipio.
A raíz de tal conflicto, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Pergamino ordenó al Concejo Deliberante a convocar a una audiencia pública que se desarrolló a finales de agosto en el recinto del Concejo Deliberante. En esa audiencia se expusieron los argumentos de las partes y todo se elevó a la justicia mediante un informe.
Pero tanto el Ejecutivo como los concejales aceptaron que se trataba de un barrio consolidado y que sus vecinos ya tenían el derecho adquirido de vivir allí.
La carátula está descripta como “Pampa Energía SA contra Municipalidad de Zárate s/ pretensión indemnizatoria” y la causa está asentada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Pergamino. Lo que consta en la causa es que la empresa argumenta que el estudio de impacto ambiental elaborado y presentado por la firma desarrolladora del barrio “no es suficiente y no estuvo bien hecho” para garantizar la residencia de las familias allí al lado de su planta industrial. A raíz de la conformación y el crecimiento del barrio, el tema sigue judicializado y el dictamen de la audiencia pública no es “determinante”. Con lo cual, se aguarda la sentencia de la justicia.
Por otro lado, se llevó a cabo una audiencia pública en Lima por la instalación de una pista de carreras de automóviles. Tal instancia no fue en el marco de una disposición judicial sino como parte de una instancia de consulta popular a la ciudadanía de Lima ante un emprendimiento que podría llegar a generar beneficios económicos y de empleo para Lima pero también alguna serie de perjuicios en cuanto a ruidos molestos y otros inconvenientes.
En cuanto a la convocatoria la consulta fue exitosa, ya que un total de 67 vecinos y vecinas se anotaron en un registro municipal para tomar la palabra en el salón de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Lima y hubo testimonios del inversor, de los vecinos que se oponían y de los que estaban de acuerdo.
Finalmente el comité encargado de la audiencia pública también emitirá un informe no vinculante pero, al juzgar por lo charlado y la tendencia de parte de los concejales oficialistas y del propio Ejecutivo, es que están a favor de la instalación de la pista. Por lo tanto, el informe será favorable al grupo inversor.
“escuchar al vecino”
“Todas estas instancias las decidimos realizar para escuchar al vecino. Queremos escuchar al vecino, generar consensos y que haya diálogo. Esa es la premisa de este cuerpo de concejales como caja de resonancia de la política local y seguiremos propiciando esta serie de instancias de consulta popular”; concluyó Walter Unrein.
Audiencia pública por la tarifa del gas
El Gobierno nacional convocó a una audiencia pública para definir el sistema de actualización de las tarifas de gas. Esto contempla, principalmente, los costos en el transporte y la distribución.
El Ejecutivo llevará a cabo la audiencia pública el próximo 6 de febrero a las 9 horas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los temas más importantes a tratar serán la revisión quinquenal de tarifas de transporte y distribución, la metodología de ajuste tarifario y el cambio del Reglamento de Servicio de Distribución en relación con los cortes por falta de pago.
