Antes de la pandemia, en el verano del 2019, concejales justicialistas y del bloque de Nuevo Zárate, la agrupación política del ex intendente Cáffaro, habían propuesto trabajar una agenda en la cual se prohibiera el accionar de “trapitos”; o sea la actividad de los “cuida coches”.
Tal propuesta no se dio por la inquietud genuina de los concejales atentos a los problemas de la gente, sino porque en la Legislatura porteña se había modificado el Código Contravencional estableciendo multas o arrestos a cuidacoches (o trapitos) y limpiavidrios que se instalen en la Ciudad de Buenos Aires.
La pandemia marcó un paréntesis a todo tipo de acciones legislativas y se llegó al día de hoy, en nuestra ciudad, con una proliferación de este tipo de prácticas. En su mayoría con personas que no tienen permiso para hacerlo y que se desarrollan en lugares de mucha circulación de gente como en la costanera, en algún evento particular del Parque Urbano o en inmediaciones al Bingo Panamericano. Los “trapitos” operan a toda hora en la ciudad y a la vista de todos.
A raíz de un reciente hecho de violencia de un trapito hacia un médico en Capital Federal, el tema se vuelva a instalar en la agenda de muchas ciudades grandes que ven esta actividad como algo común. En una sociedad de ánimos caldeados, hay situaciones que resultan inevitables detonantes de episodios de imprevisibles consecuencias.
Y tal actividad en Zárate, principalmente en costanera durante los fines de semana, se torna de imperiosa regulación.
Hay que aclarar un término, son cuidacoches ilegales. No hay automovilista que no se sienta violentado por estas personas que utilizan la vía pública para lucrar con una tarifa inventada que en Zárate ronda los 2 mil pesos por auto en la zona de restaurantes en la costanera. Si uno se niega, queda a expensas de que rayen, rompan o agredan físicamente al conductor. Una locura.
Se trata, además, de prácticas extorsivas habituales y naturalizadas. Y por temor, muchos automovilistas terminan pagándoles. Además, estas personas reconocidas como “trapitos” viven en situación de calle y las disputas territoriales entre ellos también son motivo de violencia.
Los comerciantes denuncian la situación, porque les baja las ventas de sus locales al no contar con un estacionamiento libre en la vía pública, y acusan a la policía de complicidad. Argumentan que suelen ser siempre las mismas personas y que, cuando en escasas ocasiones se las detiene, son rápidamente liberadas, y retoman sus “labores”.
La concejal de Nuevo Zárate, Ana Laura Allemann, por entonces perteneciente a la agrupación política del ex intendente Cáffaro, argumentaba en el verano del 2019 lo siguiente; “entendemos que es gente que aduce que deben hacerlo por una situación económica apremiante o porque no tienen un empleo formal. Pero este año comenzaremos a trabajar en una ordenanza de prohibición de los cuidacoches en el Partido de Zárate. La calle es de la gente. Nosotros, como siempre decimos, defendemos los espacios públicos que deben ser para la gente. No son de ningún vecino en particular”, había reflexionado la abogada; anticipando un proyecto de Ordenanza que elaboraría su agrupación. Nada de esto sucedió, como era de esperarse. “No queremos que se formen lugares en donde puedan proliferar estas actividades. Necesitamos más control respecto a esta situación. En la ciudad de Buenos Aires está implementado y estamos estudiando si hay algún otro caso en la provincia de Buenos Aires para ver de qué manera lo podemos abordar”, había evaluado la, por entonces, presidenta del bloque de Nuevo Zárate.
“Entendemos que la situación social es complicada para todos pero es otra la respuesta que debemos dar mediante el área de Desarrollo Humano. Hoy en día, este tipo de prácticas molestan e impiden el libre tránsito de los vecinos y son los propios vecinos quienes hoy nos piden que regulemos estas situaciones. La norma también incluirá a los limpiavidrios; quienes utilizan el espacio público que es de todos”, había reflexionado el propio presidente del Concejo Deliberante de aquel momento, Ariel Ríos.
El tema había ingresado en la agenda pública con fuerza a raíz de un hecho de violencia entre dos “trapitos” por la disputa territorial en Costanera. Ahora sería un buen momento de retomar esa agenda, este tema, como otros que hacen a la vida laboral de muchos vecinos que tienen que salir a ganarse la vida en actividades precarias y no registradas, como el caso de los delivery. Se legisló mucho pero falta mucho para legislar en beneficio de los vecinos y el mundo del trabajo.
