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  • Promueven un amparo para suspender el aumento de la tarifa eléctrica

    8/6/2016

    Desde el bloque PJ-FpV, que componen Facundo Ocampo y Leonel Soto, presentaron en el Concejo Deliberante, un proyecto de Resolución para que el Ejecutivo Municipal promueva una acción de amparo con el objetivo de que se declare la nulidad y suspensión del aumento del cuadro tarifario de energía eléctrica.
    Textualmente, la iniciativa impulsada expresa en los considerandos, señala que “las tarifas fueron aumentadas en un porcentaje de extraordinaria naturaleza, con aplicación inmediata, en el que no sólo dispone un cambio en las tarifas, sino el cambio en la frecuencia de facturación”.
    En este sentido, a través de un comunicado, Ocampo explicó que la medida insta al Ejecutivo para que confeccione el amparo, ante el aumento tarifario que “está aplicando indiscriminadamente la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Zárate, y de esta forma represente la defensa de los vecinos, comerciantes, clubes, instituciones intermedias e industrias”.
    Por otra parte, el proyecto apunta a que el Municipio, extienda la acción a los aumentos facturados que hayan sido abonados por los usuarios, para que deban tenerse por pagados “a cuenta”, reintegrándose su monto en las próximas facturas hasta su compensación total.
    “Sumado a esto, hacemos un pedido de aplicación de multas contra Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Zárate de $30.000 diarios, en beneficio de los usuarios de nuestro partido, frente al incumplimiento de la prestadora del servicio en caso de prosperar la medida cautelar solicitada”, señalaron desde el bloque.
    En el primer punto del articulado, el proyecto establece que el Estado Municipal, promueve la acción ante el Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Zárate-Campana, solicitando “la nulidad de la resolución 22/16 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y de todas las que se dicten con posterioridad, que renueven, mantengan y/o aumenten el nuevo cuadro tarifario de energía eléctrica originado por aquella”, así como también la suspensión de la aplicación de los incrementos dispuestos por la mencionada resolución, y del cobro de los valores de las facturas ya emitidas con base en el cuadro tarifario contenido, hasta tanto se dice sentencia definitiva. “La convocatoria a audiencia pública no sólo resulta un requisito constitucional, para la legitimidad de los aumentos, es además fundamental en un estado democrático, especialmente cuando el ajuste tarifario aplicado constituye sumas de dinero exorbitantes, desproporcionados y fuera de la realidad económica actual de los ‘clientes cautivos’. La falta convocatoria a audiencia pública significa además, despreciar los derechos legales ganados en luchas democráticas”, concluyeron.

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