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  • Concejales piden informes sobre la “municipalización” del SEMU

    21/5/2020

    El Departamento Ejecutivo municipal se hizo cargo del Servicio de Emergencia en la vía pública (SEMU) el pasado viernes tras la decisión de Bomberos Voluntarios de dejar de prestarlo. En ese sentido, concejales radicales de Cambiemos presentaron una Comunicación (Pedido de Informe) pidiendo que el Municipio comunique oficialmente cuáles fueron las razones para dar de baja o no prorrogar el Servicio Médico Municipal (S.E.M.U).
    “Dicho servicio fue creado a través de un convenio entre el Municipio y los Bomberos Voluntarios, cuyo objeto principal era acordar la prestación del servicio de rescates en la vía pública dentro de la ciudad de Zárate. Dicho convenio fue ratificado por este Honorable Concejo Deliberante el 18 de Diciembre de 2014 y tras varias prórrogas a dicho convenio, el pasado 15 de Mayo de 2020, Bomberos Voluntarios confirmó la suspensión del Servicio por falta de pago”, confirmaron los ediles radicales en el pedido de informes.
    Lo que expresan los concejales también fue ratificado por bomberos, el municipio mantiene una deuda con el cuartel en función del servicio esencial que están prestando en la vía pública. Tal situación, acompaña de la falta de respuestas del municipio, derivó en que el SEMU regrese a la órbita municipal.
    “Necesitamos que sea informado a este HCD, y con carácter de urgente, cómo llevará adelante dicho servicio, quien lo dirigirá y con qué personal se realizará. Y en qué situación queda el personal médico y choferes que lo realizaban a través del convenio con Bomberos. Aparte cuál es la deuda que el municipio mantiene con los Bomberos Voluntarios y en qué forma será cancelada”, concluye el pedido de informes que deberá responder el Ejecutivo.
    Cabe mencionar que hace 40 días que estaba vencido el convenio con Bomberos y si bien había pedidos formales del cuartel para prorrogarlo, finalmente no se avanzó.
    Respecto a la deuda con el Municipio, desde el cuartel informaron que asciende a $4.400.000; a lo que se suman los retrasos en el pago de lo recaudado a través de la tasa de seguridad e higiene.