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  • Quedaron desempleados 180 trabajadores de la zona

    3/11/2020

    El Gobierno oficializó la rescisión de la concesión de dos corredores viales concretados bajo el esquema de Participación Público Privada (PPP) durante la presidencia de Mauricio Macri, y su traspaso a la órbita de la empresa estatal Corredores Viales.
    Lo hizo a través del decreto 779/2020, publicado a mediados del mes pasado en el Boletín Oficial, que determinó la rescisión que comprenden al “Corredor E”, que abarca a la Ruta 9 (Autopista Campana- Rosario) y a la Ruta 183, en la provincia de Buenos Aires. En tanto a las rutas 11, 34, la A-008 y la A-012 en Santa Fe; y el “Corredor F”, que comprende a la Autopista Rosario-Córdoba y la Ruta 33.
    La rescisión se formalizó tras un acuerdo del Gobierno con la contratista PPP conformada por Helport (Grupo Eurnekian), Panedile, Eleprint y Copasa (España), a cargo de los corredores E y F, en el marco de un proceso de extinción.
    Precisamente los trabajos que se estaban realizando en el tramo que atraviesa nuestro Partido eran los de reparación y readaptación de capa asfáltica de la Panamericana, del km 100 en Baradero y Alsina, hacia el norte.
    Esto repercutió en la mano de obra empleada que mantenía la Unión Obrera de la Construcción local a través de un contrato con la empresa Helport SA. Según informaron desde la Uocra, la empresa adujo inconvenientes financieros al no ingresar fondos por el cobro de peajes a raíz de la pandemia.
    Finalmente lo que se produjo fueron despidos de trabajadores. En tanto, confirmaron que Vialidad Nacional rescindió los contratos con las empresas anticipando que viene una nueva empresa y un nuevo contrato. Sin embargo le anticiparon al sindicato que sólo tomarán a 60 de los 180 trabajadores que mantenían la obra en los diferentes tramos para este proyecto de remodelación de la autopista.
    A raíz de esto es que se están llevando a cabo gestiones en el ministerio de Trabajo de la Nación para proteger a las fuentes de trabajo hasta tanto se haga cargo el Estado o la nueva empresa de tales obras. “El problema  que tenga el Estado con las empresas, a nivel contractual, lo debe resolver el Estado, y no los trabajadores”, concluyeron desde la Uocra; anticiparon que están siguiendo el tema con mucha preocupación.