Siguiendo las palabras del Dr. Francisco Mancuso en su libro Ética de la Abogacía y Potestad Disciplinaria” (La Plata – 1995) “se pueda afirmar que desde que el hombre vivió en
comunidad, cuando uno de sus integrantes obtuvo el auxilio de un hombre virtuoso imbuido de un alto espíritu de justicia para la defensa de sus derechos frente a la autoridad publica u otro que los pretendiera avasallar, ante quien impartiera justicia, allí mismo surgió, de hecho, la figura del abogado que, a través de los tiempos, irá tomando la dimensión que hoy se la conoce”.
La abogacía no es una profesión más, sino que es la disciplina que le permite al ciudadano hacer efectiva una de las garantías constitucionales más sagradas que tiene el hombre frente a sus pares y la autoridad estatal: la defensa de sus derechos.
Es tan significativa la figura del abogado, que es la única profesión que nuestra Constitución Nacional exige portar su “título” y acreditar su “ejercicio” previo para poder integrar uno de los tres Poderes del Estado, como lo es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La abogacía, por la delicada tarea que cumple en la sociedad como parte esencial del sistema de administración de justicia, requiere necesariamente de una sólida formación y actualización académica, y su ejercicio se encuentra sometido a reglas éticas que la colocan fuera y la distinguen por ello de la actividad comercial.
Reivindicar la esencia de la profesión -hacía afuera y hacia adentro- resulta tan oportuna como necesaria en los tiempos que corren donde, con el propósito de “mejorarle la vida a la gente”, se pretende muchas veces colocar al abogado como el obstáculo que se lo impide.
Bienvenida la discusión democrática seria sobre ciertos proyectos de reformas; pero el verdadero debate no debe ocultarse bajo el fácil discurso de “demonizar” la noble tarea del abogado y su intervención en juicio para asegurar la tutela judicial de cualquier derecho vulnerado.
La eliminación o limitación de la actuación del abogado en ciertos asuntos so pretexto de la supuesta “agilización” o “abaratamiento” de algunos trámites -lo que no siempre es cierto- puede tener el efecto contrario de colocar al ciudadano común en un estado de desinformación y de indefensión de sus derechos luego difícil de revertir.
Iniciativas como por ejemplo aquellas que pretenden instaurar en ciertos casos las sucesiones notariales y los divorcios administrativos, entre otras que detraen la función del abogado en cuestiones jurídicas que son de su exclusiva incumbencia legal y la intervención del órgano jurisdiccional llamado constitucionalmente a decidirlas, van en ese sentido y terminan favoreciendo otros intereses o evitando encarar otras reformas institucionales necesarias.
Dr. MARIANO MATZKIN.
Abogado CAZC T°1 F°417.
Ex Secretario y Consejero del Colegio de Abogados de Zárate-Campana.
