LA VOZ: Ingeniero, tenemos interés en saber y transmitir a nuestros lectores, y a la comunidad en la que la UTN se encuentra tan consolidada como casa de altos estudios, y con una oferta específica a los requerimientos industriales de esta zona, cuál es el conflicto por el veto a la ley de financiamiento universitario?
ING. SOSA: Le agradezco mucho la posibilidad de expresar la opinión desde la Facultad Regional Delta con relación a la situación imperante con las universidades públicas argentinas. En primer lugar, creo que es importante que la sociedad en general se clarifique en cuanto a los distintos aspectos que tienen que ver con esta problemática. En este momento el presupuesto universitario no alcanza para los fines necesarios de mantenimiento de edificios, de pago de tarifas y demás.
Es absolutamente exiguo aún para esas cuestiones básicas. Pero lo más preocupante en este momento son los salarios. Los salarios de los docentes y los no docentes de la universidad, muchos de los cuales, en un gran porcentaje, están por debajo de la línea de pobreza y eventualmente puede haber también alguno debajo de la línea de indigencia.
De modo que es bien cierto que se ha degradado el poder adquisitivo de docentes y no docentes en alrededor de un 50%. Y la verdad que, como el eslogan se dice, una universidad de calidad necesita unos sueldos razonables, adecuados al desarrollo de la universidad pública. De modo que la universidad ha salido a aclarar, y es necesario siempre volver a hacerlo, que tiene procesos de auditoría permanentes en el desarrollo y en la ejecución de su presupuesto.
Diciendo que más del 90% son sueldos, que los sueldos provienen del Tesoro Nacional y lo único que hace la universidad es redireccionarlos a las cuentas de docentes y no docentes de la universidad. Más del 90%, que precisamente es un problema crónico de la Universidad Pública Argentina de no tener presupuesto para todo lo demás necesario. Que además de lo que le mencioné, del mantenimiento básico, es el equipamiento y todos los gastos que implican poder hacer desarrollos adecuados.
Que en nuestra Facultad Regional Delta, muchos de ellos se subsanan con producidos propios del trabajo de la universidad, de la facultad, que realiza en capacitaciones, en transferencias tecnológicas, en distintas tareas, que le permite tener algún recurso propio, que le permite seguir solventando estos gastos esenciales de mantenimiento y también algunos que hacen el desarrollo importante de sus laboratorios y demás. Siempre en el marco de la gran preocupación que son los sueldos que se han deteriorado sensiblemente en la universidad pública en particular, en la UTN en general y también en la Facultad Regional Delta, por supuesto. El resto del presupuesto, que oscila entre un 10 y un 5%, dependiendo de la universidad, la facultad y el momento del tiempo, está absolutamente administrado a través de las direcciones de administración de las facultades regionales, que por cada gasto generan un expediente que implica una licitación o un concurso de precios, y toda una documentación que online se refleja en el programa informático que maneja la universidad centralizada en el rectorado y que también los expedientes en papel son girados en su momento oportunamente.
Y que existe una unidad de auditoría interna en la universidad en contacto permanente con la SIGEM, este sistema de la Sindicatura General de la Nación, y que a su vez todo está disponible para que la Auditoría General de la Nación pueda tener acceso, en la medida que disponga, a todo lo que la universidad pública realiza.
LA VOZ: Qué hay de cierto cuando el presidente habla que las universidades no “quieren” que se las audite?
ING. SOSA: No es cierto que la universidad pública no está auditada y mucho menos cierto es que no quiere ser auditada. Está todo a disposición.
Y con relación a algunos salarios que se han también trascendido públicamente, no son lo que se refleja, es el reflejo de lo que le estoy diciendo. Una gran proporción bajo el nivel de pobreza.
LA VOZ: Cuál sería la situación con la ley de financiamiento aprobada y vigente, es decir, si la norma no hubiera sido vetada?
ING. SOSA: La ley de financiamiento universitario hubiera asegurado este mínimo piso en el que el presupuesto universitario público estaba, y por supuesto ahora tenemos expectativa que el presupuesto 2025 pueda contemplar estas necesidades. Fíjense que es importante remarcar que la propuesta del Gobierno Nacional es otorgar a la Universidad Pública Argentina la mitad del presupuesto que los rectores le han solicitado al Gobierno Nacional. Es realmente un despropósito porque desfinanciaría la universidad.
Y lo más preocupante es si esto sólo se trata de dinero o se trata de una ideología, de no estar de acuerdo con la Universidad Pública, que es un símbolo argentino en Latinoamérica y en el mundo, de tener esta gratuidad de la enseñanza que ha permitido la movilidad social de muchos argentinos y muchas argentinas que han podido y pueden aún hoy acceder a los estudios universitarios desde sus escasos recursos, porque no es cierto que sea una universidad para ricos la Universidad Pública Argentina. Ya hay muchas voces que están aclarando que de ninguna manera esto es así, el gran porcentaje de clase media, de clase media baja, que no podría estudiar de otra manera, es lo que colma nuestras aulas y nuestras instalaciones.
