Unos once municipios de la provincia de Buenos Aires fueron allanados por la policía con la finalidad de encontrar documentación respecto a convenios con universidades por el cobro de fotomultas.
La Justicia sospecha de la posible existencia de un sistema irregular de cobro en varios distritos de la Provincia de Buenos Aires, entre los que se encuentra Zárate.
Se trata de un escándalo en la provincia ante la sospecha de la existencia de una trama irregular en la percepción de las millonarias sumas, que se desprenden de las infracciones de tránsito registradas por los cinemómetros instalados en sus distritos, con posibles desvíos hacia fundaciones universitarias, que extrañamente aparecen en el negocio como terceros interesados.
La medida llevó la firma de Juan Manuel Culotta, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de Tres de Febrero, en el marco de una investigación que impulsó el fiscal de la jurisdicción, Paulo Starc.
Todo se desarrolló a partir de la información clave que les aportó el juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien lleva adelante una investigación de similares características con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el centro de la escena.
Los procedimientos se hicieron en las municipalidades de La Matanza; Morón; General Pueyrredón; Roque Pérez; Junín; Olavarría; Zárate; General Rodríguez; 9 de Julio; San Isidro y San Martín. En la pesquisa se mencionó de la existencia de un convenio marco entre la Provincia (que siempre y en todos los casos se queda con un 20 por ciento de lo recaudado) y los Municipios, que distribuyen el excedente del 80 por ciento con las empresas que aportan la tecnología, el software y brindan el servicio.
Según un testimonio que consta en las actuaciones y, que el juez Culotta merituó para otorgar las órdenes de registro, “generalmente las inconsistencias aparecen en la distribución de ese 80 por ciento, que corresponde al municipio y el proveedor de los servicios, en donde aparecen graves irregularidades en perjuicio de los municipios, siendo que es normal y habitual que el municipio perciba solo el 15 al 30 por ciento de cada infracción y el resto lo percibe la empresa prestataria y/o las Universidades”
Una de las sospechas pone a la Universidad Nacional de San Martín en el foco, una de las casas de estudio que firmó el convenio con el municipio de Zárate.
Fotomultas: Nuevo escándalo salpica a universidades, municipios y la provincia
El tema de los convenios que firman los municipios con universidades que supuestamente les acercan “diagnósticos” de lo que sucede a varios kilómetros de donde se encuentran sus sedes, debería ser una práctica que se ponga en discusión. Qué mejor que una sociedad de arquitectos local, que un colegio médico de nuestra ciudad o simplemente de un taxista que recorre todos los días el centro y los barrios, para saber cuál es nuestra problemática pero no, se recurre, vaya a saber por qué, a casas de altos estudios del Gran Buenos Aires, para que vengan a Zárate a poner……fotomultas!!!!!
Por ejemplo se detalló que “la Universidad Nacional de San Martín, cede lo recaudado a la Fundación Universidad Nacional de San Martín; asimismo todo esto es monitoreado por el proveedor junto a dos áreas de la UNSAM, el Rectorado y la Secretaría de Extensión y Vinculación, siendo la Fundación UNSAM, en definitiva, la acreedora del producido de las multas. Pero ciertamente, la UNSAM y la Fundación UNSAM no se encuentran en el Registro de Proveedores, por lo que no hay explicación del motivo por el cual reciben parte de lo recaudado por las multas”.
Precisamente, el fiscal Starc, al pedir los allanamientos, expresó que “el objeto de la presente investigación eran las presuntas irregularidades advertidas en torno a la administración y distribución de fondos del sistema de cobro de multas por infracciones de tránsito cometidas en los municipios de La Matanza, General Pueyrredón, Roque Pérez, Junín, Olavarría, Morón, Zárate, General Rodríguez, 9 de Julio, San Isidro y General San Martín, que podrían consistir en defraudaciones al erario público municipal”.
En la orden de allanamiento, indicaron las fuentes consultadas, se requirió los “convenios de cooperación en materia de asistencia técnica, provisión de tecnología y servicios para seguridad vial que hayan celebrado, en relación a la administración del sistema de cobro de multas por infracciones de tránsito, desde el día 01/01/2020 a la fecha; los formularios 02 que hayan suscripto durante el mismo lapso, en donde se detalle la distribución y porcentajes de los fondos, conforme cada uno de los convenios con los que guarden relación; toda aquella documentación que formó parte del trámite de aprobación de los Convenios Marco de Colaboración que hayan celebrado cada Municipio con la Provincia de Buenos Aires y todos los expedientes que se hayan llevado adelante respecto a la selección de la empresa prestataria del servicio, ya sea por licitación o a través de universidades”.
Las empresas que manejan buena parte del mercado son Secutrans y Tránsito Seguro, que obtendrían así, cifras siderales producto de las infracciones viales.
El intendente confirmó el allanamiento
Marcelo Matzkin informó que el municipio fue allanado a través de una orden judicial por la cual buscaban información sobre los convenios de fotomultas suscriptos por el municipio de Zárate con una antigüedad de seis años.
“Se trata de convenios firmados por el municipio en la gestión del ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio y se dispuso de toda la documentación vigente. El tema es que antes de no se licitaba quién operaba las fotomultas. Y cuando termine el convenio vigente lo vamos a volver a licitar de forma transparente con el listado de empresas autorizadas por la provincia de Buenos Aires. Nos parece bien que se investigue todo lo que haya que investigar. Lo que proponemos nosotros es transparencia de aquí en adelante. Lo que ya está firmado, lo vamos a respetar pero nos parece bien que se investigue”, concluyó el intendente Matzkin.
Por qué fue allanado el Municipio
En el año 2009 el municipio pidió ayuda a la Universidad Nacional de Rosario para realizar un relevamiento y diagnóstico en Zárate con el objetivo de confeccionar un nuevo programa de seguridad vial, y así mejorar el tránsito mediante campañas de concientización, mejoras en la infraestructura, monitoreo y una consultoría permanente. Y si bien algunas cosas se lograron llevar a cabo, el tránsito empeoró. Muchos fueron los factores por las cuales se llegó a esta realidad; el estacionamiento de vehículos en rampas de discapacitados, alta velocidad y picadas urbanas, motociclistas sin casco, muy pocos automovilistas que utilizan el cinturón, vehículos en doble fila permanente, caos en el ingreso y egreso de los colegios, apatía por el peatón y sus derechos y el estacionamiento de autos sobre la vereda.
En esos años de este primer convenio por el tránsito con esta universidad, se colocaron las primeras fotomultas en la zona, fuera y dentro del casco urbano.
Sin embargo, el municipio volvió a la carga para que otra casa de altos estudios realice un diagnóstico y colabore en el mejoramiento del tránsito en la ciudad.
En este caso fue aún más lejos, le pidió a la Universidad de San Martín que elabore un programa de seguridad vial para el Partido y, de esta manera, avanzar en el reordenamiento de la ciudad.
A raíz de tal situación, el 9 de septiembre del 2021 ingresó este proyecto municipal al Concejo Deliberante para ser aprobado por los ediles y los concejales de aquel entonces, y tal escribanía, lo aprobaron a “libro cerrado” cuando había rumores sobre la poca claridad de este tipo de convenios con universidades.
Lo que se “vendía” hacia afuera, era que se trataba de una cooperación institucional, asistencia técnica y capacitación en materia de seguridad vial con la correspondiente elaboración de un Plan de Seguridad Vial Municipal.
Pero lo curioso es que el convenio establecía, antes que nada, un acuerdo de “confidencialidad”, y ningún dato pudo ser publicado sin el consenso del municipio y la universidad sobre las tareas y los estudios que se hagan en el Partido. O sea que los medios de comunicación locales nunca tuvieron acceso a este documento siendo que se trataba de información pública.
Y otro dato llamativo era que el convenio tenía una duración de cinco años y sigue vigente aún en la gestión actual de Matzkin. Y sale más caro darlo de baja que sostenerlo. Por lo tanto, mientras la investigación avanza, el convenio sigue en pie y vence a mediados de este año.
Precisamente, en el marco de este convenio y durante todo el 2022, la Universidad de San Martín colocó nuevas fotomultas en el casco urbano de la ciudad, con lo cual hay más control pero poca educación. Pero hay más control? Mejoró algo? O sólo la recaudación? Y a dónde fueron esos fondos? Eso es lo que está investigando la justicia con una pregunta; ¿Cuánto dejaron para la Comuna? ¿Y las tareas que iba a llevar adelante la universidad? Como el monitoreo del transporte público y privado, el diseño y la implementación de de políticas para la mejora de la seguridad vial, la detección de transgresiones a las normas de tránsito y el procesamiento de las actas respectivas para su notificación a los infractores. Nada se ha aplicado. Quizás los funcionarios caffaristas deberían explicar el acuerdo de confidencialidad y el por qué no se llevó adelante este acuerdo con obligaciones repartidas tan desiguales y pocos claras.
Y los lectores de patentes en los accesos a la ciudad, que la propia universidad tenía como otra obligación, nunca funcionaron.
