Como publicamos en la edición de ayer, en su interpelación, el subsecretario de Gobierno, Alan Fortune, brindó la información requerida por el Cuerpo de concejales sobre el funcionamiento de la DPU (Dirección de Prevención Urbana) y amplió sobre la actuación de dos de sus agentes en el hecho en el que perdiera la vida Rodolfo Emanuel Zapata en el Parque de la Cruz –dentro de las limitaciones dadas por la causa penal que sigue su curso (IPP 4439/10)-.
El funcionario municipal reconoció que pudieron haberse sucedido ciertas “desprolijidades” debido a la etapa de prueba y organización de la unidad preventiva de seguridad municipal, pero que todas las pruebas solicitadas por la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Juan José Montani fueron puestas a disposición porque “no hay nada que ocultar”.
Explicó la forma de comunicación y operatividad conjunta con la Policía y, también, indicó que no existe un marco normativo especifico que regule el accionar de los agentes de la DPU. Sostuvo que todo se enmarca dentro de una serie general de convenios a los que ha adherido la Municipalidad e invitó a los concejales a trabajar en la creación de una ordenanza que defina el funcionamiento, los deberes y obligaciones de los agentes municipales.
Por otro lado, informó que el mecanismo de selección de los agentes, provenientes de fuerzas de seguridad y armadas con asiento en Zárate, fue aprobado y supervisado por el Ministerio de Seguridad de la provincia y que no están autorizados a portar ni usar armas en ejercicios de sus funciones como empleados municipales.
Además, indicó que muchas cosas cambiaron tras el episodio ocurrido en septiembre del año pasado en que el que se vieron involucrados un oficial policial, Pablo Barber, y dos agentes de la DPU, José Luis Nuñez y Emanuel Pardo.
Tras la intervención del subsecretario de Gobierno el oficialismo manifestó que “quedó en claro la transparencia del Ejecutivo en el caso”.
EL CASO ZAPATA
Rodolfo Emanuel Zapata murió desangrado el pasado 14 de septiembre en la barranca del Parque de la Cruz por una herida de bala en un supuesto enfrentamiento con personal policial. Según el primer informe, un efectivo policial (Barber) asistió al lugar, de civil, tras el llamado de agentes de la DPU. En sus declaraciones, tanto el oficial como los dos integrantes del cuerpo preventivo de la Municipalidad, coincidieron en que el joven recibió un impacto de bala en un tiroteo. No obstante, luego de que la justicia consiguiera un video filmado por las cámaras de seguridad de la misma DPU, las cuales, si bien aún no se habían inaugurado ya se encontraban funcionando, el cariz de la causa comenzó a cambiar. Las pericias balísticas y químicas también arrojaron resultados que complicaron las situación de los procesados.
LO QUE DIJO FORTUNE
En primer lugar, sobre la creación y funcionamiento de la DPU, el subsecretario de Gobierno dijo que el Ministerio de Seguridad provincial ejerció las tareas de asesoramiento, supervisión y control, según los distintos avances del programa “Acciones en Red”.
Expuso que el Ejecutivo intentó impulsar una tarea de apoyo a la fuerza policial de la ciudad con la constitución de un cuerpo municipal de prevención y que “a los largo de todo este tiempo, aparte de prestar ayuda en ese sentido, nuestros agentes municipales dependientes de la DPU se han dedicado a prevenir en materia de seguridad ciudadana y colaborar en distintas tareas”.
Informó que la ciudad de Zárate se divide, para la DPU en dos cuadriculas para su patrullaje, de norte y sur, separadas por la calle Rómulo Noya, pero que debido a los problemas de recursos policiales las camionetas de la dirección fueron afectadas a las cuadriculas policiales, especialmente a la 1 y 2; apoyado el trabajo policial en materia logística.
Respecto a lo inherentemente normativo, Fortune reconoció que no hay leyes que determinen específicamente los límites de acción del cuerpo municipal de prevención. “No existe un marco normativo especifico que regule ese accionar conjunto entre la DPU y la Policía”, dijo, “no hay ninguna ley nacional provincial u ordenanza municipal que regule hasta la actualidad este accionar conjunto”.
“Sería oportuno en pensar en alguna ordenanza municipal que regule el accionar de los agentes municipales de la DPU”, le dijo a los concejales, “pero las tareas en sí surgen de los convenios que fueron suscriptos entre Nación y Provincia, Nación y Municipio y Provincia y Municipio”.
En su mayoría los 10 agentes de la DPU son retirados de Prefectura Naval, pero también hay provenientes de Gendarmería y la Armada, y fue el Ministerio el organismo que estuvo a cargo de las tareas de supervisión de selección de los mismos. “No fueron solamente seleccionados por este Departamento Ejecutivo Municipal sino con el apoyo y aprobación del Ministerio de Seguridad provincial”, dijo Fortune, “por su consejo se privilegió el ingreso de retirados de las fuerzas armadas”.
LA COMUNICACIÓN
La comunicación fue uno de los puntos que fueron mejorados tras el caso Zapata. Aclaró que “la comunicación telefónica entre los agentes de la DPU y la Policía va por distintos carriles”.
Informó que los agentes de la DPU tienen que, “necesariamente”, dar aviso de todo accionar al operador de sala, aún en compañía de personal policial. “Es el operador el que llama a la Policía a través del 911 y, en su defecto, a la Comisaría”, explicó, “ese es el procedimiento que tienen que seguir nuestros agentes; otra es la comunicación que tiene que realizar la fuerza policial”.
Aclaró que ése es el procedimiento actual pero reconoció que, en un primer momento, dado la “inexperiencia y el estado de conformación y trabajo de la DPU” quizás no se siguió el protocolo y pudiera ser que haya habido comunicación entre los agentes y policías en forma directa sin operador de sala de por medio. “A veces ocurría y a veces no y por eso puede surgir alguna duda”, expresó.
Sin embargo, señaló que en el caso Zapata “consta un llamado al operador acerca de ese hecho y lo que estaba sucediendo, se nos informó sobre un supuesto tiroteo con dos personas que estaban cometiendo ilícitos, eso es lo que está registrado en el acta y es lo que se acompañó, oportunamente, como prueba a requerimiento de la Fiscalía”.
Aún así, infirió que “pudo haber habido un llamado de uno de los agentes municipales de la DPU hacia la comisaria o hacia alguno de los integrantes del servicio externo de la comisaría, pero eso, esta claramente acreditado en la causa penal” y sugirió pedir copia a la Fiscalía. “Evidentemente hubo ciertas desprolijidades en esa ocasión”, reconoció.
ARMAMENTO
Fortune también aclaró que la Municipalidad nunca proveyó de armas de fuego a los agentes de la DPU porque no está facultada para hacerlo y que no está autorizada la portación de armas en ejercicio de función como agentes municipales. “Como se trata de agentes retirados de fuerzas armadas y de seguridad, en forma personal tienen permiso para portar armas, pero no en ejercicio de sus funciones como agentes municipales”, dijo.
PRUEBAS APORTADAS A LA FISCALÍA
“Se acompañaron todas las pruebas requeridas, hubo tres contestaciones”, indicó el funcionario, “una el 30 de septiembre de 2010, la filmación, la llevé personalmente; luego se contestó un informe de 6 puntos presentado el 19 de noviembre de 2010 y, después, ante un nuevo requerimiento de la Fiscalía por la hora de la filmación, solicitamos por escrito la presencia del fiscal y la instructora judicial en dependencias de la DPU para que ellos mismos puedan ver en nuestro registros y computadoras, las imágenes y para que se levantara cualquier margen de sospechas”.
El video generó controversias porque no registraba hora de filmación. Fortune aclaró que hubo cuestiones técnica y de formato de grabación propias de la etapa de prueba del sistema de monitoreo y que la Fiscalía “no puso objeciones”.
“En el momento que ocurrió el hecho no teníamos operadores y, como el sistema estaba a modo de prueba, las imágenes estaban grabadas pero con algunos problemas”, expresó.
Tras la intervención del subsecretario de Gobierno el oficialismo sostuvo que “quedó en claro la transparencia del Ejecutivo en el caso” sobre el procedimiento administrativo y operativo que se llevó a cabo.
CAFFARO: “NO HAY NADA QUE ESCONDER”
funcionamiento de la Dirección de Prevención Urbana (DPU) y sobre su labor en la muerte de Emmanuel Zapata, en la cual se encuentran involucrados dos agentes municipales y un policía bonaerense.
“Vamos a pasar todo tipo de información porque no escondemos nada”, expresó al ser consultado sobre este tema por LA VOZ. “Es parte de la democracia y me parece fundamental que estas cosas sucedan, que se interpele y se rindan cuentas”, agregó.
“Hay dos instancias, una política, que está dentro de la legalidad que le permite al Concejo Deliberante pedir todo tipo de información, somos respetuosos de eso, y tenemos otra faceta que es la de la Justicia, en lo que no me voy a meter”, señaló.
El jefe comunal manifestó que la DPU “prácticamente ha sido el soporte de la Policía en este último tiempo”, haciendo referencia a la falta de recursos que el organismo provincial viene arrastrando desde hace tiempo.
“Cometimos errores pero tenemos muchos aciertos, porque la verdad es que en este último tiempo la ciudad ha sido patrullada y resguardada gracias a la DPU”, añadió poniendo nuevamente énfasis en el pedido de creación de la tasa de seguridad.
“Son muchos los recursos que aportamos todos los meses para la seguridad”, dijo, “es algo que hay que hacer”.
